29/01/2026
ENTROPÍA POLÍTICA
MONTE DE CHILA: 56 AÑOS DESPUÉS, EL SILENCIO SIGUE SIENDO POLÍTICA DE ESTADO
✍️ Edgardo Lopez Robles - ||■ Columna Política
Querido lector:
El 28 de enero de 1970 ocurrió la masacre más cruel en la historia de la Sierra Norte de Puebla. Ese día, el Estado mexicano reprimió con una dureza brutal a un movimiento agrario integrado por campesinos y jornaleros indígenas. No fue un enfrentamiento. Fue una operación de aniquilamiento. El Ejército Mexicano actuó acompañado —y no de manera marginal— por guardias blancas al servicio de finqueros y cacicazgos regionales que veían amenazados sus intereses territoriales.
Han pasado 56 años.
Y en Monte de Chila no queda nada.
Ni una placa.
Ni un memorial.
Ni un sitio de duelo colectivo.
Solo hierba, árboles y silencio. Testigos mudos del que, hasta donde se tiene referencia histórica, fue el mayor etnocidio cometido en el estado de Puebla durante el siglo XX.
Mucho se ha hablado —y con razón— del papel del Ejército en esta masacre. Pero es momento de ampliar la mirada. Monte de Chila no puede entenderse sin revisar la responsabilidad directa del cacicazgo regional, una estructura de poder que se extendía desde hasta Venustiano Carranza y Zihuateutla, y que encontró en la violencia estatal el mecanismo perfecto para preservar privilegios.
La comunidad indígena de Monte de Chila fue cercada y arrasada. Totonacos y nahuas —campesinos agraristas que exigían tierra, justicia y dignidad— fueron atacados por batallones provenientes de Puebla y Veracruz. El saldo real sigue siendo una herida abierta: la versión oficial habló de 20 mu***os; el sacerdote Gabriel Diego dejó constancia de al menos 80; la memoria popular y diversos testimonios hablan de más de 300 víctimas.
Todas indígenas.
Todas pobres.
Todas borradas del registro oficial.
Esta historia también es personal.
“Mataron a ancianos, mujeres y niños; quemaron sus pocas propiedades y dejaron los cadáveres tres meses en el monte, prohibiendo que fueran enterrados”, recoge el testimonio del padre Gustavo Rodríguez Zárate, quien cita a los sacerdotes Javier Diego de , Pedro Tetecatl Mendoza de y Celerino de Bienvenido. La Iglesia, en este caso, fue archivo vivo cuando el Estado decidió ser amnésico.
Durante décadas, los documentos oficiales desaparecieron. No están en la hemeroteca de Puebla: las páginas del 29 de enero de 1970 fueron arrancadas. No están en la Biblioteca del Congreso del Estado. No están en el Archivo General de Puebla.
El silencio no fue casual.
Fue una política deliberada.
Algunos testimonios señalan a ganaderos de la región de de Juárez que se apropiaron de tierras comunales codiciadas para café y potreros. Los campesinos que se defendieron fueron exterminados. Dos años después de la masacre, la organización agraria seguía existiendo, y el Estado respondió promoviendo nuevas acciones represivas para sofocar cualquier intento de reorganización.
Monte de Chila era, además, una comunidad multicultural y plurilingüe. En 1970 se hablaban ahí al menos cinco lenguas indígenas: náhuatl, totonaco, otomí, mazateco y mixteco. Fue una comunidad entera la que fue desarticulada. No solo se mató a personas: se intentó borrar una forma de vida.
¿Por qué importa hoy Monte de Chila?
Porque no fue un exceso aislado. Fue una decisión política tomada en un contexto autoritario, bajo el gobierno estatal del general Rafael Moreno Valle, en un régimen que criminalizó la organización popular, combatió la exigencia democrática y utilizó la violencia como método de control social.
Y porque ese modelo no murió en 1970.
Monte de Chila no es una anomalía histórica: es el origen. Es la matriz desde la cual se entiende cómo operan los cacicazgos regionales cuando el pueblo se organiza y cuestiona el orden impuesto. Cambian los años, cambian los uniformes, cambian los discursos, pero la lógica permanece: imponer, disciplinar, escarmentar.
La distancia entre en 1970 y Huauchinango en 2006 es enorme en términos de víctimas mortales, y sería deshonesto no decirlo. Pero hay un paralelismo que no puede ignorarse: en ambos casos, el poder local respondió con violencia frente a la organización popular. En ambos, la autoridad actuó no como mediadora, sino como brazo represivo de un cacicazgo que se sintió amenazado.
En Monte de Chila fue el Ejército al servicio del régimen autoritario y de los finqueros.
En Huauchinango, décadas después, fue el aparato municipal y estatal al servicio del amadorismo.
Distintas escalas.
Misma mentalidad.
La represión de 2006 no fue un accidente ni un error administrativo: fue la versión moderna de un reflejo caciquil profundamente arraigado. Golpear para ordenar. Imponer para gobernar. Callar para administrar el miedo.
Por eso Monte de Chila sigue siendo una herida abierta.
Porque explica el pasado, pero también ilumina el presente.
Porque los cacicazgos no desaparecen: se reciclan.
Mientras no se asuma que el poder regional nació y se reprodujo sobre la represión —ayer con fusiles, hoy con policías, jueces o burócratas—, la Sierra Norte seguirá cargando una historia inconclusa.
Aquí seguimos.
Haciendo memoria.
Nombrando al poder.
Porque la memoria no es revancha.
Es defensa colectiva frente a la violencia del Estado.
¡Nos leemos en la próxima edición!
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